Arraigo Social En Viveiro

Gestoría para Arraigo Social en Viveiro, (Lugo)

El arraigo social es un tipo de autorización de residencia para ciudadanos extranjeros que hayan residido de manera constante en España durante un periodo mínimo de tres años y que carecen de residencia temporal por circunstancias excepcionales. Para conseguir esta autorización, es importante contar con un contrato de trabajo firmado, que cumpla con el salario mínimo interprofesional o el salario establecido por convenio, y que esté registrado en la seguridad social.

Es fundamental aportar un un certificado de antecedentes penales expedido por las autoridades del país de origen, además de demostrar carecer de antecedentes penales en España. Asimismo, se deben aportar documentos que acrediten la permanencia continuada en España, como registros de empadronamiento o contratos de alquiler.

La integración social del solicitante puede acreditarse mediante vínculos familiares o un certificado de inserción social emitido por la comunidad autónoma. Y en su caso, se puede solicitar una prueba de capacitación profesional para ciertas ocupaciones o sectores. Este tipo de autorización es ideal para extranjeros residentes que desean regularizar su situación legal, y los trámites pueden gestionarse parcialmente y de manera simultánea según la normativa vigente de cada comunidad autónoma.

El Arraigo Social en España es una figura administrativa que permite a ciudadanos extranjeros que se encuentran en situación irregular, obtener una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales. Este mecanismo se aplica a nivel nacional y se configura como una opción para aquellos que, pese a no tener un estatus legal de residencia, han establecido vínculos efectivos y continuados dentro del país.

En el caso del municipio de Viveiro, o cualquier otro lugar de España, estos son los pasos generales y consideraciones que se toman en cuenta para solicitar por primera vez esta autorización de residencia:

1. **Residencia continuada en España**: Se exige que el solicitante haya residido en España de manera continuada durante un periodo mínimo de tres años antes de la solicitud de Arraigo Social. Para acreditar esto se pueden presentar documentos como empadronamientos, facturas, contratos de alquiler, etc.

2. **Contrato de trabajo**: El solicitante debe contar con un contrato de trabajo que se ajuste al salario mínimo interprofesional o lo estipulado en convenio colectivo, que sea a jornada completa y de una duración mínima de un año. Este contrato debe estar respaldado por un empleador que cumpla con los requisitos legales para contratar trabajadores.

3. **Certificados de antecedentes penales**: Se debe aportar un certificado de antecedentes penales del país de origen o de los países en los que el solicitante haya residido en los últimos cinco años, así como demostrar que no posee antecedentes penales en España.

4. **Integración social**: La integración en la sociedad española se puede demostrar a través de informes de inserción social emitidos por los servicios sociales de la comunidad autónoma o ayuntamiento correspondiente, por medio de vínculos familiares con otros residentes legales o por la colaboración con asociaciones y organizaciones sociales.

5. **Capacitación profesional**: En algunas ocasiones, puede ser necesario realizar pruebas de capacitación profesional para determinadas ocupaciones, especialmente si el contrato de trabajo ofrecido requiere habilidades o conocimientos específicos.

6. **Procedimiento administrativo**: Por lo general, el proceso de solicitud se inicia en la oficina de extranjería correspondiente a la provincia donde el solicitante reside. Es importante tener en cuenta que la normativa y procedimientos pueden variar ligeramente dependiendo de la comunidad autónoma, por lo que se recomienda verificar los requisitos específicos dependiendo del lugar de residencia.

El Arraigo Social se entiende como una oportunidad para que los extranjeros no comunitarios que llevan tiempo en España y han echado raíces puedan regularizar su situación administrativa y seguir contribuyendo a la sociedad de manera legal y estable.

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